La disolución de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género nacional provocó la inmediata reacción de la Asociación Trabajadores del Estado, que además de considerar demandas en la Justicia por el despido de unos 600 empleados, planifica movilizaciones en varias provincias. En Tucumán, las bajas de personal afectarían a 11 profesionales.

“Estamos perdiendo una institución que llevaba a la práctica las leyes que hoy están vigentes. En la Provincia teníamos alrededor de 2.000 casos acompañados y 1.000 en seguimiento que hoy quedan a la espera de un llamado de los profesionales”, dijo Roxana Mugica, representante del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades en Tucumán.

Mencionó que 340 de esos casos se encuentran en situación de riesgo, con lo cual “no se estarían cumpliendo con las leyes principales de prevención de las violencias de género y pondría en riesgo a quienes están atravesando estas circunstancias”. Entre ellas, nombró a la 26.485, a la Ley Micaela y a la Ley de Identidad de Género.

Ley Micaela: Mirar nuestro comportamiento

“Son distintas leyes que van a favor de los derechos de las mujeres y diversidades que venían militando territorialmente y bregando por igualdad y libertad”, remarcó Mugica. Y en cuanto a las medidas que se están analizando, dijo que es probable que se realice una presentación judicial que solicite que, al menos, algunos programas de la Subsecretaría sigan vigentes en el Ministerio de Justicia.

“Ahí se encuentran la línea 144, el programa ‘Acercar Derechos’ y ‘Acompañar’, por ejemplo, que son los programas centrales de atención a personas en situación de violencia de género. Si no tenemos una comunicación efectiva con el Ministerio, vamos a avanzar junto con las distintas organizaciones que vienen sosteniendo la necesidad de las políticas públicas con perspectiva de género”, agregó la coordinadora provincial.

Mientras esto se define, los representantes de cada provincia lideran jornadas de visibilización, radios abiertas, conferencias de prensa y otras medidas locales para visibilizar sobre lo que implica el cierre de esta oficina y la cancelación de sus diferentes programas. Además, en la Cámara de Diputados se encabezó una mesa de diálogo con organizaciones sociales, sindicatos y agentes del Estado para abordar la problemática.

Defender el empleo

“Queremos visibilizar el impacto que tendría esto hacia el Estado nacional, que asumió un compromiso con los diferentes tratados internacionales y las leyes que hoy están vigentes en nuestro país”, manifestó Mugica.

La representante del grupo se refirió al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y dijo: “El ministro se basó en prejuicios para dar declaraciones. Sería bueno que, por respeto a las trabajadoras, pudiera dar cuenta de la auditoría a la que se refiere así reconozca que el trabajo que se estuvo haciendo fue muy a pulmón y con mínimos recursos. Sinceramente, no se ve cómo esto ayuda a mejorar el Estado”.

Por su parte, Jorge Flores, secretario general de ATE Tucumán, ratificó el apoyo a los miembros de la Subsecretaría y aseveró: “Una de nuestras luchas es esta, defender los derechos de la mujer, que en este caso están siendo atropellados por el gobierno de (Javier) Milei. Sabemos que este presidente es un desquiciado, sabemos hacia dónde apunta”.

Criticó la postura del mandatario sobre “el Estado ausente” y no “al que todos los trabajadores del Estado pretendemos llegar”. “Estamos al lado de nuestras compañeras trabajadoras. Sabemos a qué apuntaba el Gobierno cuando hablaba de reforma del Estado, la suspensión del Ministerio nos está llevando a todo esto”, señaló Flores.

El sindicalista adelantó que podría haber una movilización a nivel nacional que se replicaría en cada provincia para el 27 de junio. “Estaremos convocando a todos los compañeros nacionales que ya están despedidos y a los delegados de los organismos internacionales para que organicemos una protesta”, comentó.